Prensa digital y remuneración equitativa: una cuestión europea
Derechos de las editoriales en el entorno digital: el TJUE delimita el alcance de la remuneración equitativa frente a los prestadores de servicios en línea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un régimen nacional que garantiza a las editoriales de prensa el derecho a una remuneración equitativa por el uso en línea de sus publicaciones. La sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por un tribunal italiano en el marco del recurso interpuesto por Meta Platforms Ireland contra la Autoridad Garante de las Comunicaciones italiana (AGCOM).
La normativa italiana en cuestión
Italia transpuso la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital estableciendo un régimen de remuneración equitativa para las editoriales de prensa. La normativa obliga a los prestadores de servicios en línea a negociar esa remuneración y a facilitar los datos necesarios para su cálculo, atribuyendo a la AGCOM la función de fijar los criterios aplicables y resolver los desacuerdos.
La impugnación de Meta y la intervención del TJUE
Tras la aprobación en 2023 de los criterios fijados por la AGCOM, Meta Platforms Ireland impugnó la decisión ante los tribunales italianos, que elevaron la cuestión al TJUE. La compañía cuestionaba que el régimen italiano fuera compatible con la Directiva y con la libertad de empresa reconocida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La situación de las editoriales en el entorno digital
El Tribunal recuerda que la digitalización ha erosionado de forma sostenida el modelo económico de las editoriales. El crecimiento de los servicios de recorte de prensa en línea y los cambios en los hábitos de consumo han reducido sus ingresos, amenazando tanto su viabilidad como su función en el debate democrático. La Directiva pretendió corregir ese desequilibrio dotando a las editoriales de un derecho propio para controlar el uso de sus publicaciones en línea.
Las condiciones de admisibilidad de la remuneración equitativa
El TJUE establece que el reconocimiento de una remuneración equitativa a favor de las editoriales es compatible con la Directiva cuando se cumplen tres condiciones: que esa remuneración sea la contrapartida de la autorización concedida a los prestadores para utilizar las publicaciones; que las editoriales puedan libremente denegarla o concederla a título gratuito; y que ningún pago pueda exigirse a prestadores que no hagan uso de dichas publicaciones.
El fundamento de las obligaciones de negociación
El Tribunal respalda las obligaciones impuestas a los prestadores en el proceso de negociación apoyándose en el desequilibrio informativo que caracteriza la relación entre las partes. Los prestadores son los únicos que disponen de los datos que reflejan el valor económico real del uso de las publicaciones, lo que coloca a las editoriales en una posición de debilidad estructural para acordar una remuneración equitativa.
La visibilidad de los contenidos como garantía del proceso
La obligación de no limitar la visibilidad de los contenidos durante las negociaciones se configura como una salvaguarda frente a posibles presiones sobre las editoriales y frente a cualquier intento de minimizar el valor que los prestadores extraen del uso de sus publicaciones.
Las prerrogativas de supervisión de la AGCOM
Las funciones atribuidas a la AGCOM —determinación de criterios, resolución de desacuerdos e imposición de sanciones— se declaran igualmente admisibles, al resultar necesarias para garantizar la aplicación efectiva del derecho a una remuneración equitativa reconocido a las editoriales.
Proporcionalidad de las restricciones a la libertad de empresa
El TJUE reconoce que las medidas impuestas a los prestadores limitan su libertad de empresa, pero concluye que esa limitación parece justificada y proporcionada. El conjunto del régimen permite establecer un equilibrio entre la libertad de empresa, los derechos de propiedad intelectual y el derecho a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación. La verificación definitiva de que la normativa italiana satisface esos parámetros corresponde, en última instancia, al juez nacional.