Dos reales decretos-leyes, dos decisiones en materia de vivienda
La Diputación Permanente aprueba nuevas medidas de vivienda asequible y rechaza la ampliación de las prórrogas de los contratos de alquiler
La política de vivienda ha experimentado un nuevo cambio tras la votación celebrada el 12 de noviembre de 2026 en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. El órgano parlamentario ha convalidado el Real Decreto-ley 29/2026, que recoge medidas para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, por 35 votos a favor y 34 en contra. En cambio, ha derogado el Real Decreto-ley 28/2026, que pretendía reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual, al obtener 34 votos favorables y 35 contrarios.
Los contratos de alquiler no tendrán las nuevas prórrogas propuestas
La primera decisión afecta directamente al régimen de los arrendamientos urbanos. El Real Decreto-ley 28/2026 planteaba modificar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para permitir la continuidad de los contratos una vez superados los plazos mínimos de cinco años, o siete cuando el propietario fuera una persona jurídica.
La propuesta establecía prórrogas sucesivas por periodos de igual duración, salvo que alguna de las partes comunicase su voluntad de finalizar el arrendamiento. Además, elevaba de cuatro a seis meses el preaviso que debía respetar el arrendador.
Otra de sus novedades era la introducción de una indemnización para el inquilino cuando el propietario decidiera no renovar el contrato. La compensación se calcularía tomando el mayor importe entre doce mensualidades conforme al valor superior del rango individualizado del sistema estatal de referencia de precios del alquiler y una mensualidad por cada año de residencia en la vivienda, aplicando ese mismo valor.
La derogación parlamentaria deja sin efecto la propuesta de establecer estas nuevas garantías extraordinarias.
Nuevas medidas para proteger el acceso a la vivienda
La segunda decisión parlamentaria mantiene, por el contrario, el Real Decreto-ley 29/2026. Esta disposición establece limitaciones temporales a determinadas adquisiciones de vivienda hasta finales de 2030 y contempla la suspensión de determinados desahucios cuando afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
También incorpora medidas dirigidas a los arrendatarios y regula aspectos relacionados con la acreditación de la condición de gran tenedor. En el ámbito fiscal, introduce modificaciones en el IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, IBI e Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Avales y préstamos para facilitar el acceso
La ampliación de la oferta residencial constituye otro de los objetivos de la norma. Para ello, crea el Fondo de Vivienda de Impacto Social y establece una línea de avales de hasta 2.000 millones de euros para incrementar o mejorar el parque de alquiler social o asequible. Asimismo, autoriza hasta 280 millones de euros en avales para apoyar la financiación del ICO destinada a pymes fabricantes o promotoras que utilicen sistemas de construcción industrializada.
Por último, el mecanismo TU CASA permitirá conceder préstamos sin intereses ni comisiones para financiar la primera vivienda habitual hipotecada. Su importe será el menor entre el 20 % del valor del inmueble y 50.000 euros.
Las dos votaciones reflejan así decisiones diferentes sobre la política residencial: se mantienen los instrumentos de financiación y protección previstos en el Real Decreto-ley 29/2026, pero se descarta la reforma extraordinaria de las prórrogas de los alquileres.